Cada cierto tiempo se abre el debate acerca de la grabación a las FFCCS en el ejercicio de sus funciones y si es  o no lícita está conducta por parte de los ciudadanos.

Está conducta viene regulada en la LO 4/15 de protección de la seguridad ciudadana. La mal llamada, desde el punto de vista de este autor, “ley mordaza” ya que es una ley mucho más garantista que su antecesora.

Volviendo al tema objeto de la presente entrada, la grabación de las actuaciones de la policía y guardia civil no está prohibida per se. 

El espíritu de su regulación es la protección del derecho fundamental de la protección de la propia imagen que todos los ciudadanos tienen reconocido constitucionalmente y los funcionarios policiales, como ciudadanos, también.

No se debe olvidar que la función policial no está exenta de detractores y de personas que expresan ese descontento de manera poco civilizada.

En consecuencia, no siempre los integrantes de los referidos instintos armados quieren o deben permitir que se conozca su profesión en según que entorno.

Este es precisamente el espíritu de la norma referida y así se desprende de su redacción. No es que esté prohibida la grabación sino que lo está cuando ponga en peligro la integridad de los agentes. 

Por extensión, debe entenderse que lo que se pretende restringir no es tanto la grabación como el uso que luego se haga de ella. Es fácil entender que la publicación en RRSS de vídeos o fotos en los que se pueda distinguir la identidad de una persona provocaría el indeseado reconocimiento de la profesión de los agentes.

Quizás pueda parecer exagerado este planteamiento pero no debemos olvidar que no todos los policías trabajan en las mismas condiciones ni con los mismos niveles de hostilidad. Igualmente,  hay muchas funciones que se realizan de paisano y que igualmente comprometería su eficacia y por tanto la seguridad, ahora sí, de todos los ciudadanos.

Es verdad que, en muchas ocasiones, los vídeos se hacen con la intención que sirvan como carga probatoria en un hipotético procedimiento judicial. Esto, y siempre que el vídeo mantenga todas las garantías que puedan hacerlo constitutivo de prueba, es lícito y ninguna norma lo prohíbe ya que ” no compromete la seguridad de los agentes”; requisito necesario para que la infracción se consume.

Para dar respaldo a lo descrito, me permito citar las sentencias que el tribunal constitucional ha dictado recientemente acerca del referido precepto y que, salvo un pequeño matiz sin importancia para lo que aquí se expone, ha sido ratificado en su contenido restante por el tribunal de garantías.

En conclusión, es intención de este autor alejarse de la crítica fácil a la norma e invitar a los lectores a reflexionar sobre el espíritu de la misma y la desprotección a los que tienen el deber de protegernos que su derogación supondría.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.