En el momento de aplicar la Ley, siempre existen elementos que pueden dar lugar al debate y ser objeto de la interpretación personal de cada uno. Uno de esos elementos que puede resultar controvertidos, son los vehículos y el tratamiento que reciben.

Precisamente, esa controversia puede venir dada por la protección constitucional de la que goza el domicilio. Este se erige como inviolable en el artículo 18.2 de la Constitución Española, y para su entrada hace necesaria una orden judicial o una ocasión de flagrante delito. También esa entrada en caso de un estado de necesidad y los similares recogidos en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Tribunal Supremo entiende como domicilio el “lugar cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida privada, individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental” (SSTS 24-10-1992,19-7-1993 y 11-7-1996). Tal y como afirma el mismo Tribunal en la STS 858/2018 de 12 de marzo, no cualquier espacio cerrado ni que requiera del consentimiento del titular para su entrada se constituye como domicilio, sino que requiere del elemento de privacidad para poder erigirse válidamente (vid. STC 22/1984). De esta forma, y según los criterios jurisprudenciales, podemos entender también como domicilio una habitación de hotel (vid. STC 10/2002), una tienda de campaña (vid. STS 1448/2005 de 18 de noviembre) o una auto caravana (vid. STS 1165/2009 de 24 de noviembre). En el caso de los medios de transporte, únicamente se les concederá la calificación de domicilio, siempre y cuando en su interior, una o varias personas, tengan su morada efectiva, y se verán únicamente afectadas por esta calificación las zonas las zonas propias para desarrollar la privacidad,   tales como los camarotes en el caso de embarcaciones (vid. SSTS 624/2002, de 10 de abril; 894/2007 de 31 de octubre y 513/2014 de 24 de junio).

Por tanto, y tal y como clarifica el Tribunal Supremo en el apartado segundo del Fundamento de Derecho primero de la STS 387/2013, de 24 de abril, su doctrina “avalada por el Tribunal Constitucional” ha afirmado siempre que los vehículos que reciban su uso propio de medio de transporte, no se verán amparados por las garantías del artículo 18.2 de la Constitución (vid. STC núm. 197/2009, de 28 de septiembre “no teniendo el citado vehículo la condición de domicilio, no le son aplicables las garantías establecidas en el art. 18.2 CE”). En la misma Sentencia de 2013, señalan en el mismo sentido que “un vehículo automóvil que se utilice exclusivamente como medio de transporte no encierra, sin embargo, un espacio en cuyo interior se ejerza o desenvuelva ese ámbito privado del individuo al que venimos haciendo alusión” (vid. SSTS núm. 143/2013, de 28 de febrero y 856/2007, de 25 de octubre).

En conclusión, y a riesgo de ser redundante en la cuestión, la doctrina jurisprudencial es clara, y por ello el registro de los vehículos no afecta a ningún derecho constitucional.

A pesar de esto, se plantea la cuestión de la afectación del derecho a la intimidad en la práctica del derecho a la intimidad en el transcurso del registro de vehículos. Si bien es cierto que el vehículo no está afectado por las garantías que se desprenden de la calificación de domicilio, existen partes del mismo que gozan de una expectativa de privacidad, como son la guantera o el maletero. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 170/2013 de 7 de octubre, afirma que la cobertura del derecho a la intimidad habrá de alcanzar a aquellos espacios que gocen de una expectativa real de confidencialidad o privacidad. En el mismo sentido apunta también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de 2 de septiembre de 2009, en el asunto Uzun contra Alemania.

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